La corrupción entre las IPSFL y el Estado es un problema que erosiona la confianza pública, afecta negativamente a los más vulnerables y socava el logro de los objetivos y prioridades de avance comunitario y territorial. En respuesta a esta crisis, estamos proponiendo una nueva política pública basada en los principios de estado abierto, sustentabilidad, transparencia y participación ciudadana.
Como primer punto la realización de un registro de IPSFL y contratos públicos, de todas las IPSFL que operan en el país y sus actividades. Asimismo, se contará con un registro de contratos y convenios públicos entre las IPSFL y el Estado para asegurar la trazabilidad de los recursos asignados y los resultados obtenidos.
Como segunda derivada, la implementación y desarrollo de una plataforma de transparencia digital que permita a los ciudadanos acceder fácilmente a la información sobre financiamiento público, gastos, proyectos y resultados de las IPSFL. La plataforma también debe incluir un mecanismo para denunciar posibles casos de corrupción.
En tercer punto sin duda va en el camino de promover la auditoría independiente, así generar revisiones y fiscalizaciones independientes y periódicas de las IPSFL y los procesos de contratación pública. Estas auditorías deben ser realizadas por entidades objetivas y expertas, asegurando la rendición de cuentas y la detección temprana de anomalías.
Para una cuarta vía y crítica como prioridad es mejorar la participación ciudadana, involucrando a los ciudadanos en el control y seguimiento de los proyectos y programas de las IPSFL financiados con fondos públicos, fomentando la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y la evaluación de resultados.
Desde un quinto punto no menos importante que los anteriores es exigir transparencia en el financiamiento y gestión de las IPSFL que reciben fondos, de forma que divulguen públicamente las fuentes de ese financiamiento, los costos y las remuneraciones de sus miembros y lideres no miembros, estableciendo criterios transparentes de selección y evaluación para el financiamiento de IPSFL.
El sexto camino es establecer unidades especializadas anticorrupción, que analicen cada servicio público centralizado y descentralizado, de forma de prevenir los casos de corrupción en el ámbito de las IPSFL y las compras públicas, estas unidades operarán de manera independiente y contarán con los recursos adecuados para realizar su trabajo.
Nuestra séptima ruta y tal vez la más importante es la educación y conciencia cívica, donde se promuevan campañas de concientización y educación pública sobre la importancia de prevenir y denunciar casos de corrupción, esto incluso desde la etapa preescolar, fomentando una cultura de integridad y responsabilidad en todos los niveles y sectores como son el privado, público, académico y civil, de forma de desarrollar una cultura que elimine la corrupción desde su base.
Finalmente, la implementación de una política pública basada en un estado abierto, transparente, sustentable y responsable, sin duda recuperará y fortalecerá la confianza entre las IPSFL, el estado y los ciudadanos, y combatirá de manera efectiva la crisis de corrupción, nuestro compromiso es aportar en aquello y generar compromiso y colaboración de todos los actores, de forma de asegurar una gestión ética, responsable y enfocada al bienestar de la sociedad, de comunidades y territorios.
Por Hugo Gutiérrez Tarifeño, CEO y Fundador Innovaciente
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